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Una resolución judicial fija plazos para coordinar acciones estatales, revisar operaciones auríferas y diagnosticar la exposición indígena al mercurio en tres ríos de la Amazonía boliviana.
Diez instrumentos legales reúnen 198 órdenes a más de 90 entidades. El tablero documenta 150 mandatos, unas 600 muestras en 13 cuencas y un máximo de 24 microgramos de mercurio por gramo en cabello humano. La calculadora, con datos hasta 2025, cuenta 1.295 balsas.
La expansión de la minería ilegal en el sur venezolano aparece ligada a estructuras armadas que regulan actividades económicas, corredores fluviales y aspectos de la vida cotidiana. Pueblos indígenas quedan expuestos a violencia, contaminación y despojo en zonas con débil presencia estatal.
El caso expone un límite concreto de la advertencia sanitaria: conocer el riesgo del mercurio no elimina la dependencia alimentaria de comunidades cuyo pescado proviene del mismo ecosistema contaminado.
Una investigación reconstruyó dos siglos del ciclo del mercurio en la Península Antártica y advirtió que el deshielo está movilizando el contaminante.
