Noticias, indicios y desplazamientos del presente leídos desde La Intemperie.
Una resolución judicial fija plazos para coordinar acciones estatales, revisar operaciones auríferas y diagnosticar la exposición indígena al mercurio en tres ríos de la Amazonía boliviana.
Un proyecto de decreto propone registrar datos colectivos y territoriales de las guardias indígenas para coordinar acciones estatales. El CRIC rechaza la iniciativa y reclama que no se condicione la autonomía a la entrega de información.
El planteo incluye un Espacio de Memoria Ancestral, fondos de reparación, restauración de humedales y un protocolo arqueológico. La evaluación ambiental acumulativa de Nordelta reconoce la destrucción o sepultamiento de los sitios Arroyo Sarandí 1 y 2.
Diez instrumentos legales reúnen 198 órdenes a más de 90 entidades. El tablero documenta 150 mandatos, unas 600 muestras en 13 cuencas y un máximo de 24 microgramos de mercurio por gramo en cabello humano. La calculadora, con datos hasta 2025, cuenta 1.295 balsas.
Los tres integrantes titulares del tribunal ambiental de Antofagasta se apartaron de la causa R-174-2026 después de que el sitio institucional anticipara una decisión judicial todavía inexistente en el expediente.
La Justicia federal brasileña ordenó un plan coordinado de protección y servicios públicos para comunidades tembé de Alto Rio Guamá.
La sentencia mantuvo frenado el proyecto WTE Araucanía y estableció que la equivalencia, localización y verificación de una compensación ambiental deben evaluarse antes de otorgar la autorización.
Tres organizaciones indígenas exigieron a la concesionaria Via Brasil respuestas y continuidad para las acciones emergenciales vinculadas con los impactos de la BR-163 sobre sus territorios.
Una red juvenil indígena traduce mediciones meteorológicas a recomendaciones agrícolas accesibles en el altiplano guatemalteco. El sistema combina estaciones locales, comunicación en lenguas mayas, conocimiento territorial y acciones de reforestación.
La expansión de la minería ilegal en el sur venezolano aparece ligada a estructuras armadas que regulan actividades económicas, corredores fluviales y aspectos de la vida cotidiana. Pueblos indígenas quedan expuestos a violencia, contaminación y despojo en zonas con débil presencia estatal.
