Noticias, indicios y desplazamientos del presente leídos desde La Intemperie.
La sentencia mantuvo frenado el proyecto WTE Araucanía y estableció que la equivalencia, localización y verificación de una compensación ambiental deben evaluarse antes de otorgar la autorización.
Tres organizaciones indígenas exigieron a la concesionaria Via Brasil respuestas y continuidad para las acciones emergenciales vinculadas con los impactos de la BR-163 sobre sus territorios.
La Justicia porteña reunió a organismos públicos, organizaciones civiles y especialistas para revisar las condiciones técnicas y de protección de datos de una nueva licitación de reconocimiento facial.
Una red juvenil indígena traduce mediciones meteorológicas a recomendaciones agrícolas accesibles en el altiplano guatemalteco. El sistema combina estaciones locales, comunicación en lenguas mayas, conocimiento territorial y acciones de reforestación.
La expansión de la minería ilegal en el sur venezolano aparece ligada a estructuras armadas que regulan actividades económicas, corredores fluviales y aspectos de la vida cotidiana. Pueblos indígenas quedan expuestos a violencia, contaminación y despojo en zonas con débil presencia estatal.
Una modificación incluida en la Ley 15.557 cambió el modo de delimitar la Reserva Laguna de Rocha. El recorte territorial denunciado por el colectivo que cuida el área alcanzaría casi un tercio de este humedal urbano del sur del conurbano bonaerense.
Salvamento Minero recuperó los cuerpos de Carlos Aníbal Henao y Santiago Arredondo Atehortúa tras una emergencia asociada por la autoridad a la falta de oxígeno. La ANM anunció actuaciones administrativas por el incumplimiento de la suspensión.
Sensores universitarios y municipales registraron concentraciones críticas de PM2,5 sobre Manaus. El IPAM relacionó el humo con incendios regionales y señaló que El Niño dificulta su dispersión.
La reforma reemplaza la ampliación geográfica automática de los descuentos al gas por un esquema focalizado fuera de las regiones históricas. El cambio alcanza a unos 3,3 millones de hogares y Energía estima que 1,6 millones de usuarios perderán todo subsidio.
El máximo tribunal cerró la vía judicial de una sanción iniciada por la autoridad ambiental en 2019. Las decisiones técnicas y judiciales concluyeron que el relleno no tenía operativas dos de las tres vías de tratamiento exigidas por su permiso ambiental.
