Noticias, indicios y desplazamientos del presente leídos desde La Intemperie.
Una decisión de la Justicia Federal brasileña separó la provisión de agua del estado administrativo de las tierras indígenas y estableció un plazo para atender comunidades de 19 municipios de Mato Grosso do Sul.
Un convenio provincial destinará regalías mineras a redes, tomas, pozos, cisternas, un acueducto y sistemas cloacales en localidades puneñas de Jujuy. El anuncio define proyectos y plazos iniciales, pero no acredita aún su ejecución.
La empresa prueba un sistema en el que usuarios que suelen discrepar deben coincidir para añadir contexto a publicaciones de Facebook, Instagram y Threads; la transición se decidirá país por país y no tiene fecha anunciada.
La Resolución 0007 de 2026 habilita una prueba de hasta siete días con aeronaves tripuladas para medir eficacia, deriva e impactos del herbicida; no equivale a reanudar un programa nacional de fumigación.
El nuevo Consorcio de Gestión de Caminos y Suelos N.º 1 Chucul ensaya una administración común para problemas que comparten cuenca: erosión, anegamientos, pérdida de suelo y deterioro de caminos de tierra.
El paquete crea un fondo de reconstrucción y habilita instrumentos fiscales, educativos, energéticos y de información. Entre ellos figura una autorización extraordinaria para que entidades afectadas utilicen recursos del Fonpet bajo condiciones específicas.
Jueces de la Corte IDH escucharon en Pará a autoridades estatales y referentes Munduruku sobre agua, salud, alimentación, seguridad y control territorial. La visita examinó la ejecución de medidas provisionales vigentes desde 2022.
El mapa químico del suelo urbano de Arica registra un patrón compatible tanto con antiguos residuos mineros como con fuentes urbanas o industriales más recientes. Sus autores piden ampliar el monitoreo y advierten sobre la falta de una norma chilena específica para suelos contaminados.
Fuerzas estadounidenses hundieron seis barcos ecuatorianos tras retirar a las tripulaciones y entregarlas a Ecuador. Las decisiones judiciales posteriores expusieron la distancia entre inteligencia militar y prueba penal.
Una instrucción ministerial dejó bajo revisión a 143 guardaparques estatales durante la reestructuración del SERNAP. Su asociación denunció riesgos para la continuidad de la protección territorial.
