Imagen: AySA
09 SEPT 2026
Una cámara bonaerense confirmó la cautelar que impide a AySA reducir sus obligaciones de servicio, salud pública y protección ambiental mientras se discute el fondo del caso.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar que obliga a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a no reducir ni alterar sus compromisos actuales de provisión de agua potable, salud pública, protección ambiental y calidad del servicio en 26 municipios bonaerenses. El tribunal rechazó la apelación de la empresa y sostuvo la orden dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 2 de La Plata a pedido del defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino. También confirmó que el expediente debe tramitar ante la justicia federal. La decisión es preventiva: no resuelve la demanda de fondo ni anula por sí sola toda la privatización. El proceso oficial seguía abierto y la fecha para presentar ofertas por el 90 % de las acciones había sido trasladada al 15 de septiembre.
La privatización deja de ser aquí una simple transferencia de acciones. La cautelar fija un límite material: mientras cambia el dueño, no puede disminuir el derecho que llega por la red ni la obligación de cuidar las fuentes, las obras y la salud colectiva. Ese piso importa en un servicio cuya infraestructura atraviesa jurisdicciones y cuyos efectos no terminan en la factura de cada hogar. La resolución tampoco clausura la disputa. El fondo deberá decidirse en el fuero federal, donde se discutirán la validez del nuevo marco y el alcance de los riesgos señalados por la Defensoría. Entre tanto, la subasta puede continuar, pero bajo una condición judicial concreta. La señal no es que la privatización haya desaparecido, sino que el agua, aun dentro de una operación económica, conserva obligaciones públicas que no pueden ponerse entre paréntesis.
Porque traduce el derecho al agua en una obligación verificable durante un cambio de control empresario. También muestra que una medida precautoria puede modificar las condiciones de una privatización sin anticipar la sentencia definitiva.
Hechos confirmados: la Cámara confirmó la cautelar y la competencia federal; la obligación de mantener el piso vigente rige mientras se sustancia la causa.
Pendiente: la sentencia sobre el fondo de la demanda y el resultado del proceso de privatización.
Interpretación editorial: la protección judicial convierte la continuidad del servicio y del cuidado ambiental en condiciones del proceso, no en promesas posteriores.
Título original:
Un tribunal bonaerense frenó la privatización de AySA y le mandó la causa a la justicia federal
Fuente:
LA NACION
– Publicado el 08-09-2026
