El atajo legislativo también pasa por el territorio

LO QUE OCURRIÓ

El 7 de septiembre, la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, con el voto dirimente de su presidente Arturo Alegría, una opinión parcialmente favorable a la Proposición 00098-2026-2031 del Ejecutivo. El respaldo comprende gestión ambiental, simplificación administrativa, certificación, remediación de pasivos y transición energética, e indica que el enfoque de riesgo no debe rebajar estándares. Diputados opositores alertaron sobre la aprobación automática y el silencio administrativo positivo. En paralelo, la exposición de motivos propone cambiar las leyes de Áreas Naturales Protegidas y de protección de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) para proyectos y derechos de hidrocarburos. La comunicación oficial de la comisión no precisa cómo quedaron esos dos puntos en el informe aprobado. Es una opinión de comisión: el Congreso todavía no otorgó las facultades y ningún parque o reserva fue modificado por este acto.

DESDE LA INTEMPERIE

La palabra “simplificación” parece hablar de formularios, pero puede redibujar territorios. El expediente peruano lo muestra con nitidez: una solicitud breve formula objetivos generales, mientras su exposición de motivos desarrolla una vía para reducir o modificar legalmente áreas protegidas ante proyectos de hidrocarburos declarados de necesidad pública e interés nacional, y otra para compatibilizar reservas PIACI con derechos extractivos preexistentes. Nada de eso está vigente y el voto de comisión no equivale a una autorización final. Precisamente por eso este momento importa. Delegar facultades concentra en el Ejecutivo decisiones que, por su alcance territorial y humano, necesitan debate público, control parlamentario y consulta. Agilizar una administración puede ser razonable; esconder decisiones sustantivas dentro de esa consigna, no. Cuando el procedimiento se acorta, la vigilancia debe mirar no sólo el tiempo ahorrado, sino qué protecciones pueden quedar fuera del camino y quiénes perderían capacidad de intervenir.

POR QUÉ NOS IMPORTA

El caso permite ver cómo una reforma administrativa puede contener transformaciones ambientales y territoriales de gran escala. La discusión aún abierta ofrece una oportunidad concreta para exigir que las facultades, las exclusiones y las salvaguardas queden escritas antes de delegar.

FUENTES DE CONTRASTE

• Centro de Noticias del Congreso de la República del Perú, 7 de septiembre de 2026: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-de-medio-ambiente-respalda-pedido-de-facultades-para-modernizar-la-gestion-ambiental-e-impulsar-energias-limpias/
• Inforegión, 3 de septiembre de 2026: https://inforegion.pe/gobierno-busca-modificar-reglas-sobre-areas-protegidas-piaci-e-hidrocarburos-los-posibles-riesgos-ambientales-del-pedido-de-facultades-legislativas/
• Mongabay Latam, 5 de septiembre de 2026: https://es.mongabay.com/short-article/2026/09/peru-gobierno-de-fujimori-busca-modificar-ley-de-areas-protegidas-para-introducir-proyectos-de-hidrocarburos/