Noticias, indicios y desplazamientos del presente leídos desde La Intemperie.
El proceso de privatización de AySA puede continuar sin rebajar el piso vigente de cobertura, obras y resguardo ambiental. El expediente debe tramitar ante la justicia federal y la discusión de fondo sigue abierta.
La emergencia por El Niño reorganiza en Panamá el cuidado del agua, los bosques y la fauna, pero también amplía herramientas excepcionales de contratación estatal.
La reparación de vegas afectadas por la extracción de agua para la actividad minera en Atacama tendrá medidas materiales, seguimiento judicial y un horizonte de quince años.
Una demanda vecinal llevó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro el reclamo por suministro, calidad y obras de agua potable en Balsa Las Perlas.
La denuncia de Wilú vincula la presencia de colonos armados con la imposibilidad de cosechar alimentos en un territorio indígena de Bosawás que cuenta con medidas cautelares del sistema interamericano.
México prepara dos nuevas clases de mensajes por radiodifusión celular para advertir riesgos naturales y comunicar medidas de Protección Civil antes y después de una emergencia, sin exigir saldo ni conexión a internet.
La sanción por ingresar con una camioneta a un sector no habilitado de la Pampa del Leoncito incorporó una medición del daño sobre el suelo y un protocolo especial para extraer el vehículo sin ampliar la afectación.
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados respaldó parte del pedido de facultades del Gobierno peruano. El alcance definitivo sigue abierto y documentos anexos incluyen cambios territoriales que no están vigentes.
Los foros oficiales sobre una nueva ley de derechos indígenas no pudieron realizarse en Pátzcuaro y Cherán Atzicuirín. Las comunidades movilizadas rechazan el diseño de la consulta, mientras el gobernador de Michoacán pidió retomarla conforme a sus formas de organización.
La Justicia Federal suspendió las licencias y la extracción de Sigma Mineração en el Vale do Jequitinhonha ante indicios de que el licenciamiento omitió la consulta a una comunidad Quilombola ubicada en el área de influencia del proyecto.
