Noticias, indicios y desplazamientos del presente leídos desde La Intemperie.
Julián Cruz compareció el 9 y 10 de septiembre en una audiencia penal en Guayaquil; sigue detenido y la disputa por tierras comunales de la isla Puná continúa abierta.
Chile mantiene en elaboración una reforma del reglamento de evaluación ambiental. El debate enfrenta la simplificación de trámites con la revisión preventiva de impactos urbanos y mineros.
La audiencia pública de la planta de Argentina LNG puso en discusión la captación prevista del río Neuquén, el destino del agua residual y las condiciones de vida junto al proyecto.
Investigadores del CONICET y una universidad española examinaron cuatro mamíferos marinos afectados por H5N1 en Chubut y ampliaron el conocimiento sobre los tejidos comprometidos.
Una tutela sobre la ruta escolar de Puerto Nare obligó a coordinar seguridad fluvial, alertas y clases presenciales, sin definir todavía el método de manejo de los hipopótamos.
La justicia de Putumayo detuvo de forma preventiva el inicio de un ensayo de aspersión sobre cultivos ilícitos y pidió información técnica para evaluar sus riesgos territoriales.
La Resolución 434 amplía la infraestructura de seguimiento fuera de las cárceles. Juzgados y fiscalías gestionarán altas y legajos; una futura prestadora operará el monitoreo y aportará datos para evaluar el programa.
La justicia ordenó reabrir el análisis administrativo de posibles impactos no previstos del centro de cultivo de Trusal sobre el humedal Contao. No dispuso la suspensión ni el inicio de un procedimiento sancionatorio.
La principal salida fluvial del comercio exterior argentino volvió a gestión privada. Jan De Nul y Servimagnus operarán la vía, cobrarán peajes y ejecutarán obras bajo un consejo de seguimiento integrado por provincias y usuarios.
La Resolución Ejecutiva 389 ordenó el cierre administrativo de la zona que concentró el tránsito a la vida civil de 99 excombatientes en Putumayo y dispuso que la continuidad de sus procesos sea evaluada individualmente.
