El país que vigila a sus mineras no puede ser juzgado

Lo que ocurrió

Seis países testificaron sobre minería canadiense y agua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó el 27 de octubre, en Panamá, el testimonio de representantes de seis países que denunciaron daños vinculados a operaciones de mineras canadienses, incluidas cuatro presuntos ataques contra defensores ambientales. Canadá alberga cerca de la mitad de las empresas mineras y de exploración mineral que cotizan en bolsa en el mundo.

Marco Manobanda, pescador indígena de Las Naves, Ecuador, declaró que la mina de cobre y oro El Domo, propiedad de dos empresas con sede en Vancouver —Silvercorp Metals y Salazar Resources—, causa deforestación y contaminación del agua donde vive. «Si esta minería continúa, van a seguir contaminando nuestro agua y nos vamos a quedar sin recursos. Y como vivimos de esa tierra y sus recursos, ¿a dónde se supone que vayamos?», dijo. Según su testimonio, los residentes enfrentan presencia militar, amenazas y allanamientos, y más de 30 personas fueron imputadas, muchas condenadas a años de prisión.

Mayerly López, de Colombia, denunció amenazas crecientes contra quienes intentan proteger el páramo de Santurbán de la minería de Aris Mining en el proyecto Soto Norte. El páramo es una fuente de agua para dos millones de colombianos, según su testimonio, y el nuevo gobierno colombiano retrocedió protecciones ambientales en el área. Otros testigos expusieron casos en México, Panamá, República Dominicana y la Argentina.

La audiencia ocurre cuatro meses después de que Canadá eliminara la Ombudsperson Canadiense para la Empresa Responsable, creada para investigar abusos de empresas canadienses en el exterior. Y hay un límite estructural: Canadá no ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que la Comisión no puede remitirlo a la Corte Interamericana y sólo puede emitir recomendaciones no vinculantes. El Punto de Contacto Nacional que reemplazó a la Ombudsperson resolvió acuerdos conjuntos formales en sólo tres de 33 casos desde 2000.

Desde La Intemperie

El país que vigila a sus mineras no puede ser juzgado

Hay dos hechos que, puestos juntos, explican todo el caso. El primero: Canadá eliminó en junio el organismo que investigaba a sus propias empresas en el exterior. El segundo: Canadá no ratificó la Convención Americana, así que la Comisión Interamericana no puede elevarlo a la Corte, que es el único órgano con poder de ordenar remedios.

El resultado es una asimetría perfecta. Las mineras canadienses operan en seis países de la región; los afectados pueden testificar; los comisionados pueden recomendar. Pero no hay instancia que obligue a rendir cuentas, y mientras tanto el organismo que existía fue cerrado. La arquitectura de protección tiene puertas que se abren de un solo lado.

El tercer punto es el agua. En los tres testimonios que la crónica detalla, el daño denunciado es el mismo: contaminación de fuentes de las que dependen comunidades, y en Santurbán, de dos millones de personas. No es un conflicto por minerales abstractos: es un conflicto por el agua que queda debajo y alrededor de la mina.

POR QUÉ NOS IMPORTA

Porque La Intemperie viene documentando la misma estructura en el litio del Salar del Hombre Muerto y en el pozo que contamina en Salta: una empresa que extrae, una comunidad que depende de la cuenca, y un Estado que decide a quién escucha. Lo que agrega este caso es la dimensión internacional: cuando la empresa es extranjera y el país de origen desmantela su control, el reclamo local se queda sin segunda instancia.

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