Noticias, indicios y desplazamientos del presente leídos desde La Intemperie.
Las 72 comunidades afrocolombianas de ACADESAN enfrentan al mismo tiempo conflicto armado y daños sísmicos. La Defensoría confirmó el confinamiento de unas tres mil personas, mientras la respuesta institucional sigue fragmentada.
Las distintas cifras de excarcelados en Venezuela reflejan universos y criterios documentales diferentes, no una cantidad única ya cerrada por las autoridades.
La Justicia porteña reunió a organismos públicos, organizaciones civiles y especialistas para revisar las condiciones técnicas y de protección de datos de una nueva licitación de reconocimiento facial.
La expansión de la minería ilegal en el sur venezolano aparece ligada a estructuras armadas que regulan actividades económicas, corredores fluviales y aspectos de la vida cotidiana. Pueblos indígenas quedan expuestos a violencia, contaminación y despojo en zonas con débil presencia estatal.
El proceso pregunta si una reserva fragmentada y atravesada por permisos extractivos puede proteger realmente a pueblos que eligieron permanecer aislados. La CIDH ya atribuyó violaciones al Estado; la Corte todavía debe escuchar a las partes y resolver.
En El Pedregoso, la Justicia neuquina dispuso un nuevo mandamiento para completar un desalojo iniciado en agosto. Un decreto provincial reconoció a la lof Melo como persona jurídica, sin decidir sobre la titularidad de las tierras.
La Resolución Ejecutiva 389 ordenó el cierre administrativo de la zona que concentró el tránsito a la vida civil de 99 excombatientes en Putumayo y dispuso que la continuidad de sus procesos sea evaluada individualmente.
Una decisión de la Justicia Federal brasileña separó la provisión de agua del estado administrativo de las tierras indígenas y estableció un plazo para atender comunidades de 19 municipios de Mato Grosso do Sul.
Jueces de la Corte IDH escucharon en Pará a autoridades estatales y referentes Munduruku sobre agua, salud, alimentación, seguridad y control territorial. La visita examinó la ejecución de medidas provisionales vigentes desde 2022.
La denuncia de Wilú vincula la presencia de colonos armados con la imposibilidad de cosechar alimentos en un territorio indígena de Bosawás que cuenta con medidas cautelares del sistema interamericano.
