Auditar antes de reconocer

LO QUE OCURRIÓ

El 25 de septiembre se realizó una audiencia en la causa judicial que controla el uso de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires. La discusión se concentró en el pliego con el que el Gobierno porteño impulsa una nueva contratación para buscar personas prófugas. Participaron el CELS, Fundación Vía Libre como amiga del tribunal, especialistas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, el Ministerio de Seguridad, la Procuración General y la Defensoría del Pueblo. Según Vía Libre, el pliego exige una evaluación de impacto sobre datos personales después de la adjudicación, sin precisar criterios suficientes, y permite que la empresa adjudicataria solicite autorización para reutilizar datos en el entrenamiento de sus sistemas. El Ministerio sostuvo que esa reutilización requeriría autorización expresa y lineamientos específicos. El sistema anterior permanece suspendido desde 2022. La audiencia no lo reactivó ni produjo todavía una sentencia sobre la licitación.

DESDE LA INTEMPERIE

Una cámara no necesita detener a nadie para modificar la calle. Alcanza con que cada rostro pueda convertirse en una comparación automática contra una base estatal. Por eso la evaluación de impacto no es un informe decorativo para completar después de elegir proveedor: debe permitir decidir antes si la escala, los datos, las tasas de error, los accesos y las auditorías vuelven aceptable el sistema. La experiencia porteña ya mostró que la promesa de buscar únicamente prófugos no reemplaza controles capaces de verificar qué personas fueron consultadas y qué registros quedaron. La nueva licitación intenta recomenzar sobre una infraestructura todavía suspendida por la Justicia. El punto material no es sólo qué algoritmo reconocerá mejor una cara, sino quién podrá inspeccionarlo, corregir una identificación errónea y limitar el uso secundario de los datos. Si esas reglas quedan abiertas al contrato o a una autorización posterior, la vigilancia nace primero y sus garantías llegan después.

POR QUÉ NOS IMPORTA

La audiencia vuelve visible que una compra pública puede definir derechos antes de que una cámara vuelva a encenderse. Aporta una dimensión concreta sobre contratación, evaluación previa y reutilización de datos que no se resuelve con promesas generales de precisión o seguridad.

FUENTES DE CONTRASTE

• Fundación Vía Libre — Rostros bajo la lupa: la justicia analiza un nuevo sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires
• CELS — Declaran inconstitucional el uso del sistema de reconocimiento facial en CABA
• Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires — Ley 6339, incorporada al texto consolidado de la Ley 5688
• Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires — Resolución 351/2024 y Registro del Sistema de Identificación de Prófugos

Hechos comprobados: la audiencia ocurrió el 25 de septiembre; el nuevo pliego fue objeto de revisión judicial y técnica; el sistema anterior continúa suspendido.

Pendiente / en discusión: el tribunal no resolvió todavía sobre la nueva contratación. Las objeciones al pliego y sus posibles riesgos fueron formuladas por Vía Libre; no equivalen a una declaración judicial de ilegalidad.

Interpretación de La Intemperie: la evaluación de impacto y las reglas de reutilización de datos deben preceder al despliegue, porque después de encendida la infraestructura el control llega sobre hechos consumados.