Imagen: Acadesan / MONGABAY
29 SEPT 2026
Combates, ataques con drones y daños del terremoto mantienen confinadas a 652 familias del territorio colectivo de ACADESAN. El esquema estatal de protección existe, pero las comunidades denuncian fallas en el censo, los refugios y el combustible para movilizarse.
Las 72 comunidades afrocolombianas del Consejo Comunitario General del San Juan, ACADESAN, afrontan los efectos combinados del conflicto armado y del terremoto del 10 de agosto en Chocó. La Defensoría del Pueblo informó que enfrentamientos entre el ELN y presuntos integrantes del Clan del Golfo, incluidos ataques con drones explosivos, dejaron tres civiles heridos y desplazaron al menos a 65 familias. Otras 652 familias, unas tres mil personas, permanecen confinadas en comunidades de Sipí y Nóvita. ACADESAN también reportó viviendas y sedes comunitarias dañadas por el sismo y cuestionó cómo se está levantando el censo de damnificados. El consejo dispone de un esquema de protección colectiva, pero sostiene que sus lanchas carecen del combustible previsto para movilizar a las comunidades. Mongabay consultó a organismos nacionales; varios no habían respondido al cierre del reportaje.
La protección colectiva puede existir en una resolución y faltar en el río. En el San Juan, una lancha sin combustible no es un detalle logístico: separa a una comunidad confinada de un refugio, un puesto de salud o una inspección pública. La superposición de guerra y terremoto expone esa distancia entre reconocer derechos y sostener las condiciones materiales para ejercerlos. Quienes dejaron sus casas por los combates también pueden quedar fuera del censo que debería registrar los daños sísmicos; los edificios destinados a albergar desplazados fueron, a su vez, afectados por el temblor. ACADESAN respondió con peticiones formales, agendas de autoprotección y una emisora comunitaria para reducir el aislamiento. Nada de eso reemplaza la obligación estatal. El dato decisivo será si las instituciones coordinan seguridad, transporte, albergue y registro sin obligar a las comunidades a financiar su propia salida de una emergencia producida por fuerzas que no controlan.
El caso muestra que el riesgo no llega por compartimentos: una emergencia natural puede profundizar el daño de la violencia y dejar inoperante una protección ya aprobada. También permite seguir si el Estado convierte el reconocimiento colectivo en movilidad, refugio e información verificable.
Hechos comprobados: la Defensoría registró tres civiles heridos, al menos 65 familias desplazadas y 652 familias confinadas; ACADESAN reúne a 72 comunidades y publicó llamados de atención humanitaria.
Pendiente: no existe un censo público completo de los daños sísmicos ni una respuesta documentada de todas las entidades consultadas; el alcance y cumplimiento de las medidas de protección sigue en disputa.
Interpretación de La Intemperie: una política de protección se vuelve abstracta cuando no garantiza los medios materiales para moverse, albergarse y ser contado durante una emergencia.
Título original:
Triple emergencia en Chocó colombiano: ataques con drones, desplazamiento y ecos del terremoto golpean a cerca de 3000 personas
Fuente:
Mongabay Latam
– Publicado el 28-09-2026
