Noticias, indicios y desplazamientos del presente leídos desde La Intemperie.
La Justicia federal brasileña ordenó un plan coordinado de protección y servicios públicos para comunidades tembé de Alto Rio Guamá.
Tres organizaciones indígenas exigieron a la concesionaria Via Brasil respuestas y continuidad para las acciones emergenciales vinculadas con los impactos de la BR-163 sobre sus territorios.
Sensores universitarios y municipales registraron concentraciones críticas de PM2,5 sobre Manaus. El IPAM relacionó el humo con incendios regionales y señaló que El Niño dificulta su dispersión.
La licitación proponía delegar por 35 años el abastecimiento de agua y el saneamiento de 40 de los 52 municipios de Rondônia. Preveía 4.224 millones de reales en obras, pero ningún consorcio entregó los sobres requeridos en la B3.
La decisión transforma una disputa territorial histórica del pueblo xavante en obligaciones concretas sobre el suelo: presentar un plan de restauración, cesar actividades incompatibles y reparar el daño colectivo. El cumplimiento comenzará cuando la sentencia quede firme.
Satélites y patrullas indígenas muestran caminos y pozos que reaparecen después de las desintrusiones de 2024-2025. La operación de septiembre no cierra el ciclo: el informe documenta expansión incluso durante la visita de la Corte IDH a principios de mes.
Un corto circuito, según el intendente, se extendió por viviendas de una aldea indígena en área federal. Los bomberos estaduales no fueron convocados. Tras apagar las llamas, el problema inmediato fue beber y reconstruir sin salir del territorio.
El derrumbe de una obra en el barrio paulista de Penha dejó seis víctimas mortales y dos sobrevivientes. La investigación municipal revisa una constancia de demolición previa y las condiciones en que avanzó el proyecto.
Una investigación que examinó datos climáticos de la Amazonía entre 1981 y 2023 encontró que los episodios de calor intenso y el déficit hídrico cambiaron de manera desigual entre regiones. El centro-norte brasileño aparece entre las zonas de mayor aceleración de los extremos.
Una decisión de la Justicia Federal brasileña separó la provisión de agua del estado administrativo de las tierras indígenas y estableció un plazo para atender comunidades de 19 municipios de Mato Grosso do Sul.
