MINERÍA / TERRITORIO - Mato Grosso, Brasil
La consulta antes de la licencia
La Quinta Turma rechazó el recurso de Minerpav y Quibrita y mantuvo la suspensión de licencias y la multa diaria al Estado de Mato Grosso por incumplimiento.

Noticias, indicios y desplazamientos del presente leídos desde La Intemperie.
La Quinta Turma rechazó el recurso de Minerpav y Quibrita y mantuvo la suspensión de licencias y la multa diaria al Estado de Mato Grosso por incumplimiento.

La sentencia 508/26 confirmó la revocatoria de la cautelar que obligaba a Zdero a garantizar agua y alimentos a las comunidades wichí de El Impenetrable. Grillo votó en disidencia.

La minuta prevé una nueva propuesta técnica con información accesible y consulta al pueblo originario, además de medidas para proteger canales y chinampas. Los compromisos tienen plazos y condiciones; todavía no equivalen a obras ejecutadas ni indemnizaciones pagadas.

Una sentencia civil del 7 de julio reconoció a herederos de las familias Miranda y Cruz la posesión veinteañal de la matrícula 1006 de Cachi. La comunidad, que sostiene que el territorio fue reconocido por el INAI, impugnó el expediente el 24 de septiembre.

La Justicia Federal suspendió las licencias y la extracción de Sigma Mineração en el Vale do Jequitinhonha ante indicios de que el licenciamiento omitió la consulta a una comunidad Quilombola ubicada en el área de influencia del proyecto.

Un informe de la Comissão Pastoral da Terra registra conflictos por tierra, agua, minería, agrotóxicos y trabajo esclavo en la Amazonía Legal brasileña.

Contratos de créditos de carbono en territorios indígenas de Bolivia avanzan mientras el país aún discute reglas, consulta previa y salvaguardas socioambientales.

Una superposición normativa en la Tierra Indígena Ituna/Itatá debilitó protecciones federales y coincidió con nuevas invasiones en territorio de pueblos aislados.

El caso permite observar una transición renovable ligada a propiedad, territorio y continuidad comunitaria, no sólo a infraestructura. También muestra que la democratización energética se juega en reglas de conexión y financiamiento tan materiales como los paneles.

Comunidades indígenas de Michoacán ocuparon infraestructura y vías para exigir estudios sobre agua y salud y una evaluación ambiental vinculada a la central geotérmica Los Azufres.
