Imagen: Redes Sociales
11 OCT 2026
La judicatura de Inglaterra y Gales publicó un marco para incorporar inteligencia artificial sin delegarle decisiones judiciales. Exige revisión humana de cada resultado, herramientas aprobadas con protección empresarial y residencia británica de datos, y una instancia central para autorizar nuevos usos.
La judicatura de Inglaterra y Gales publicó el 9 de octubre una declaración sobre la adopción, supervisión y revisión de inteligencia artificial en el trabajo judicial. El documento establece que la tecnología puede asistir, pero no decidir el resultado de un caso ni desplazar el razonamiento, la evaluación de pruebas o la discreción de una autoridad judicial. Cada salida utilizada debe ser revisada, verificada y aprobada por la persona responsable, que conserva la rendición de cuentas. Sólo podrán emplearse herramientas autorizadas con residencia de datos en el Reino Unido, protección empresarial y acceso web desactivado. Los pilotos se concentraron en tareas de menor riesgo, como resumen, transcripción, anonimización y análisis documental. Un grupo central presidido por el juez responsable de IA evaluará los aspectos jurídicos, éticos, operativos, de seguridad y de datos antes de ampliar cualquier uso.
La automatización suele llegar a una institución como promesa de velocidad y sólo después pregunta quién responde por el resultado. Esta declaración invierte el orden: antes de ampliar usos, identifica una persona responsable, delimita herramientas y obliga a verificar cada salida. No elimina el problema del sesgo ni demuestra que los controles funcionarán en todos los casos; tampoco es una ley que prohíba la inteligencia artificial en los tribunales. Su valor está en hacer material una frontera que muchas organizaciones dejan en el aire. La decisión no puede esconderse detrás del sistema, y el dato judicial no puede circular como un insumo cualquiera. Entre la herramienta que resume un expediente y la firma que afecta derechos debe quedar una cadena visible de autorización, revisión y responsabilidad. Ahí se juega la diferencia entre asistencia técnica y delegación institucional.
La declaración aporta un diseño concreto para un problema que suele formularse en abstracto: quién autoriza, revisa y responde cuando la IA entra en la justicia. Vuelve visibles las condiciones técnicas de esa responsabilidad, desde la residencia de datos hasta la prohibición de sustituir el razonamiento judicial.
Hechos comprobados: la declaración fija revisión humana obligatoria, responsabilidad personal de la autoridad judicial, requisitos técnicos para las herramientas y control centralizado de nuevos usos.
Pendiente: el texto no enumera las herramientas aprobadas ni publica resultados completos de los pilotos; su eficacia dependerá de la implementación y revisión continua anunciadas.
Interpretación de La Intemperie: el documento convierte la responsabilidad humana en una arquitectura de permisos, límites técnicos y trazabilidad institucional.
Título original:
Position Statement on the Judicial use of Artificial Intelligence (AI)
Fuente:
Courts and Tribunals Judiciary
– Publicado el 09-10-2026
