La línea eléctrica quedó bajo auditoría

LO QUE OCURRIÓ

El 29 de septiembre, la Gobernación de La Paz mantuvo paralizada la habilitación de un proyecto de electrificación en la comunidad originaria campesino agraria Huaycuni, distrito Trinidad Pampa, municipio de Coripata, provincia Nor Yungas, Bolivia, y ordenó una auditoría técnica, ambiental y legal. La decisión siguió a una reunión del gobernador Luis Revilla con el alcalde Julio Salinas y representantes comunitarios. Huaycuni afirma que no rechaza la electrificación, sino un cambio de trazo que, según denuncia, podría beneficiar a una cooperativa minera e incrementar la actividad cerca de sus fuentes de agua. La legalidad minera será evaluada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Una inspección de agosto constató actividad reciente, dos bocaminas, maquinaria y un campamento; ubicó una bocamina a unos tres metros del río Chamaca y otra en la cabecera de un tributario. Esas observaciones documentan riesgos y residuos, pero no prueban contaminación ni ilegalidad.

DESDE LA INTEMPERIE

La comunidad no tuvo que elegir entre electricidad y agua: obligó a que la línea dejara de presentarse como una obra aislada. Un cable puede llevar un servicio necesario y, al mismo tiempo, cambiar las condiciones materiales de otra actividad. Por eso el trazo importa. Huaycuni puso sobre la misma mesa la bocamina, el río, la escuela, el centro de salud y la guardería que dependen de esas fuentes. La respuesta institucional todavía es provisoria: una obra detenida, una auditoría por iniciar y una autoridad minera que debe establecer si las operaciones son legales. No alcanza para afirmar que el agua está contaminada. Sí alcanza para reconocer que la infraestructura nunca llega a un territorio vacío y que revisar su recorrido antes de energizarlo puede evitar que una decisión técnica clausure una pregunta colectiva.

POR QUÉ NOS IMPORTA

El caso muestra que el acceso a la electricidad y la protección del agua no tienen por qué tratarse como demandas rivales. La auditoría abre una instancia verificable, pero su valor dependerá de estudios hídricos públicos y de una respuesta concreta de la autoridad minera.

FUENTES DE CONTRASTE

• Fuente principal: ERBOL, «Minería y proyecto de electrificación generan conflicto en Coripata por afectación ambiental», 30 de septiembre de 2026.
• Decisión de la Gobernación: eju.tv, con información de la Gobernación de La Paz, «Gobernación paceña dispone paralización de electrificación en Huaycuni y auditoría integral del proyecto ante conflicto minero», 29 de septiembre de 2026.
• Inspección institucional previa: Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, «Comisión de Madre Tierra fiscaliza presuntas afectaciones ambientales por actividad minera en Huaycuni», 24 de agosto de 2026.

Hechos comprobados: la Gobernación mantuvo paralizada la habilitación del proyecto eléctrico y anunció una auditoría integral; la AJAM debe evaluar la legalidad de la actividad minera; una inspección departamental observó dos bocaminas, maquinaria, instalaciones y residuos cerca de cursos de agua.

Pendiente / en discusión: la existencia y el alcance de contaminación hídrica, la legalidad de las operaciones mineras, el cambio de trazo denunciado, las responsabilidades en la ejecución eléctrica y las condiciones para una eventual habilitación.

Interpretación de La Intemperie: revisar una línea antes de energizarla reconoce que toda infraestructura distribuye también accesos, riesgos y capacidad de decisión sobre el territorio.