Noticias, indicios y desplazamientos del presente leídos desde La Intemperie.
Sensores universitarios y municipales registraron concentraciones críticas de PM2,5 sobre Manaus. El IPAM relacionó el humo con incendios regionales y señaló que El Niño dificulta su dispersión.
La reforma reemplaza la ampliación geográfica automática de los descuentos al gas por un esquema focalizado fuera de las regiones históricas. El cambio alcanza a unos 3,3 millones de hogares y Energía estima que 1,6 millones de usuarios perderán todo subsidio.
El máximo tribunal cerró la vía judicial de una sanción iniciada por la autoridad ambiental en 2019. Las decisiones técnicas y judiciales concluyeron que el relleno no tenía operativas dos de las tres vías de tratamiento exigidas por su permiso ambiental.
La licitación proponía delegar por 35 años el abastecimiento de agua y el saneamiento de 40 de los 52 municipios de Rondônia. Preveía 4.224 millones de reales en obras, pero ningún consorcio entregó los sobres requeridos en la B3.
La Provincia, la Municipalidad de Salta y Aguas del Norte siguen obligadas a ejecutar un plan de manejo, un plan sanitario de emergencia y un plan de monitoreo. Si persiste el incumplimiento, la resolución permite encargar medidas a terceros con cargo a las demandadas.
El proceso pregunta si una reserva fragmentada y atravesada por permisos extractivos puede proteger realmente a pueblos que eligieron permanecer aislados. La CIDH ya atribuyó violaciones al Estado; la Corte todavía debe escuchar a las partes y resolver.
En hemodiálisis, el agua no es un insumo secundario: cada paciente puede entrar en contacto con unos 360 litros por semana. El monitoreo microbiológico conecta cañerías, biofilms y aislamientos clínicos con decisiones inmediatas de seguridad.
El reclamo de barrio Unión expone la distancia entre habitar un territorio y ser reconocido por sus redes. La respuesta oficial combina camiones cisterna, obras de media tensión, proyectos futuros y un ordenamiento urbano que también prevé trasladar viviendas.
La revisión cuestionó cómo el primer fallo valoró la normativa, los testimonios y las exigencias ambientales aplicables al predio. Otro tribunal deberá volver a examinar la acusación si la anulación queda firme.
La intervención busca reemplazar recipientes inseguros y sostener el acceso doméstico a agua tratada en comunidades sin red. Su funcionamiento depende de que municipios llenen los tanques, los caminos permitan llegar y cada hogar pueda trasladar y tratar el agua.
