La máquina no puede decidir el conflicto

LO QUE OCURRIÓ

El Ministerio Público Fiscal de la Nación aprobó mediante la Resolución PGN 64/2026 un marco obligatorio para el uso, desarrollo, adquisición y evaluación de herramientas de inteligencia artificial dentro del organismo. La regulación alcanza a fiscales, funcionarios, personal y dependencias responsables de planificación, control y auditoría.

Hay una definición especialmente relevante: el MPF establece que la inteligencia artificial debe actuar como herramienta complementaria y que no puede reemplazar el juicio jurídico, la interpretación de las normas ni la toma de decisiones sobre conflictos humanos. Los lineamientos exigen además mantener un control humano significativo durante las distintas etapas de uso de estos sistemas.

La resolución introduce también una prohibición inmediata, aunque transitoria: el personal no podrá ingresar en herramientas públicas de IA —por ejemplo, chatbots abiertos— información reservada, contenido de causas en trámite, datos personales ni datos sensibles. La restricción se mantendrá hasta que exista una regulación específica para esas herramientas dentro del Ministerio Público Fiscal.

El organismo prevé paralelamente desarrollar entornos propios y seguros para análisis de datos y gestión documental. También establece un circuito previo para evaluar los riesgos técnicos y jurídicos antes de incorporar nuevas aplicaciones de IA y crea un programa permanente de capacitación sobre uso práctico, formulación de instrucciones, validación de resultados y mitigación de sesgos.

La medida no apareció de la nada. El MPF creó en mayo de 2025 un Programa de Inteligencia Artificial y posteriormente realizó un relevamiento interno entre su personal sobre usos, oportunidades, riesgos y necesidades. Ese trabajo tomó como referencia una encuesta de UNESCO destinada a operadores judiciales. Los lineamientos aprobados ahora son una consecuencia institucional de ese proceso.

Hecho comprobado: existe desde el 4 de septiembre un marco obligatorio para el uso de IA dentro del Ministerio Público Fiscal argentino y contiene límites explícitos sobre datos sensibles y decisiones jurídicas.

Lo que no significa: que la IA haya sido prohibida dentro del MPF. Al contrario, el organismo planea ampliar su uso, pero intenta establecer una frontera entre asistencia tecnológica y delegación de autoridad.

DESDE LA INTEMPERIE

Una fiscalía puede pedirle a una máquina que busque.

Que ordene.

Que compare.

Que encuentre una palabra perdida entre miles de páginas.

Lo que acaba de decir el Ministerio Público Fiscal es que hay un momento en que la máquina debe detenerse.

Antes de decidir.

No porque sea incapaz de producir una respuesta.

Precisamente porque puede producirla.

Una respuesta estadísticamente convincente puede parecer una decisión.

Y una decisión judicial tiene otra materia.

Hay una persona investigada.

Una víctima.

Una libertad.

Una acusación.

Un expediente lleno de cosas que no son solamente datos.

La frontera que intenta dibujar esta norma parece sencilla:

la inteligencia artificial puede ayudar a mirar.

No puede ocupar el lugar de quien responde por lo que vio.

Quizás ésa sea una de las preguntas centrales de este tiempo.

No cuánto puede hacer una máquina.

Sino qué cosas, aun pudiendo hacerlas, no queremos entregarle.

POR QUÉ NOS IMPORTA

Esta Señal entra directamente en uno de los núcleos de Crónicas de la Intemperie: IA aplicada a decisiones sobre personas.

Hasta ahora muchas de las historias del radar muestran tecnologías que llegan primero y regulación que intenta alcanzarlas después. Aquí aparece algo algo diferente: una institución judicial intenta escribir el límite mientras todavía está incorporando la tecnología.

También importa la cuestión de los datos. Una causa penal puede contener domicilio, salud, historia familiar, comunicaciones, fotografías, identidad, patrimonio o información sobre víctimas. Introducir esa materia en una plataforma externa no es simplemente “usar una herramienta”: significa trasladar una parte del expediente hacia una infraestructura que puede estar fuera del control institucional.

La frase más importante del documento quizá no sea técnica.

Es política:

la máquina puede asistir a la Justicia; no puede convertirse en quien juzga.

FUENTES DE CONTRASTE

• Fuente primaria: Ministerio Público Fiscal de la Nación, Resolución PGN 64/2026 y comunicación institucional del 4 de septiembre. Fiscales.gob.ar — lineamientos para IA
• Como antecedente primario, el propio MPF documentó el relevamiento interno realizado para identificar usos, riesgos y preocupaciones del personal y señaló que utilizó como referencia una metodología de UNESCO para operadores judiciales. MPF — relevamiento institucional previo