El petróleo deja una lista de nombres

LO QUE OCURRIÓ

El Gobierno argentino publicó hoy el Decreto 868/2026, que establece un procedimiento específico para acelerar la aplicación de la Ley 26.659 contra personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos de Malvinas sin autorización argentina.

El decreto coloca al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y obliga a todos los organismos de la Administración Nacional a comunicar, dentro de cinco días hábiles, información sobre posibles infracciones. Cuando existan indicios suficientes podrá abrirse un sumario; el presunto infractor tendrá diez días hábiles para presentar su defensa y posteriormente deberá dictarse una resolución.

La legislación preexistente ya permitía inhabilitar durante períodos de entre cinco y veinte años a quienes participen de actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina. Tampoco alcanza únicamente a la empresa que perfora: incluye participaciones directas o indirectas y servicios comerciales, financieros, logísticos, técnicos y de consultoría relacionados con esas operaciones.

El cambio más interesante desde el punto de vista de infraestructura económica aparece en otra parte del decreto. Los proyectos que soliciten ingresar al RIGI deberán presentar una declaración jurada certificando que tanto el vehículo inversor como las personas o empresas vinculadas a él cumplen y continuarán cumpliendo la Ley 26.659. Cancillería deberá intervenir antes de que se apruebe la adhesión.

El Gobierno justificó explícitamente esta medida señalando que resultaría contradictorio otorgar beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros a actores que simultáneamente participen en actividades que Argentina considera contrarias a sus derechos soberanos sobre Malvinas.

El movimiento está relacionado directamente con el avance de Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación está prevista para comenzar en 2028. Ambas compañías ya habían recibido sanciones argentinas anteriormente: Rockhopper en 2013 y Navitas en 2022.

Hecho: Argentina modificó hoy el mecanismo administrativo para investigar y eventualmente sancionar actividades hidrocarburíferas relacionadas con Malvinas e incorporó controles vinculados al RIGI.

Interpretación: esto no significa que el decreto pueda por sí mismo detener Sea Lion. Las empresas operan bajo licencias otorgadas por la administración británica de las islas y no reconocen la jurisdicción argentina sobre el proyecto. La medida amplía las herramientas de presión económica y jurídica disponibles para Argentina.

DESDE LA INTEMPERIE

Una plataforma petrolera parece una cosa grande.

Acero.

Pozos.

Buques.

Tuberías.

Pero ninguna plataforma llega sola al mar.

Antes hay una compañía.

Detrás, accionistas.

Un banco.

Una aseguradora.

Una consultora.

Alguien que transporta.

Alguien que financia.

Alguien que firma.

El decreto argentino publicado hoy intenta seguir esa cadena hacia atrás.

No detener solamente la perforadora.

Preguntar quién hizo posible que llegara hasta allí.

Eso cambia la forma del mapa.

Porque el territorio de una explotación petrolera no termina donde toca el fondo marino.

Continúa por contratos, cuentas bancarias, sociedades y beneficios fiscales.

Sea Lion todavía tiene previsto comenzar a extraer petróleo en 2028.

Pero la disputa ya salió del océano.

Ahora también circula por escritorios.

POR QUÉ NOS IMPORTA

Esta Señal continúa “Perforar el mar, perforar la soberanía”, pero aporta una dimensión nueva.

Aquella historia mostraba organizaciones ambientalistas y excombatientes intentando detener Sea Lion preventivamente mediante una acción judicial.

Ahora aparece el Estado construyendo una red administrativa alrededor del proyecto y extendiendo la discusión desde quien extrae petróleo hasta quien financia, asesora, transporta o participa societariamente.

Es profundamente afín a una idea recurrente en Crónicas de la Intemperie: la infraestructura visible es apenas la punta.

Detrás de cada máquina hay otra infraestructura hecha de permisos, contratos, bancos, sistemas de incentivos y documentos.

El territorio también continúa dentro de una sociedad anónima.

FUENTES DE CONTRASTE

• Fuente normativa primaria: Decreto 868/2026, Boletín Oficial de la República Argentina, 4 de septiembre de 2026. Texto completo del Decreto 868/2026
• La norma establece expresamente el nuevo procedimiento sancionatorio, los plazos, la participación de Cancillería y los requisitos adicionales relacionados con el RIGI.
• Cobertura periodística y antecedentes de sanciones sobre Rockhopper y Navitas: EFE — 4/09/2026.
• Para contrastar la posición británica y de las empresas involucradas, el Reino Unido reiteró hoy su posición favorable a la autodeterminación de los habitantes de las islas, mientras los operadores de Sea Lion sostienen que sus licencias son válidas y no han anunciado cambios en el cronograma del proyecto.