

Imagen: Diseño digital: La Intemperie
02 SEPT 2026
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Esta Señal desplaza el problema de la vigilancia biométrica hacia una zona especialmente sensible: la relación laboral con el Estado. Ya no se trata únicamente de cámaras que observan a quienes circulan por una ciudad, sino de convertir características corporales en condición práctica para acreditar una obligación de trabajo. También aparece una tensión central para La Intemperie: la transformación de la identidad en infraestructura administrativa. La pregunta no es solamente si la tecnología…
LO QUE OCURRIÓ
Una trabajadora del sistema público de salud de Río Negro presentó un amparo contra una resolución provincial que establece como obligatorio el registro de asistencia mediante datos biométricos faciales y geolocalización. Según la información oficial del Poder Judicial, una vez instaladas las terminales el personal dispone de quince días para registrar sus datos; después, el sistema se convierte en el único medio válido para acreditar la jornada laboral. La agente sostuvo que no existe una alternativa para quienes no quieran o no puedan aportar biometría y alegó afectación de la intimidad, la protección de datos personales y la autodeterminación informativa.
La Cámara Segunda del Trabajo de Roca rechazó el amparo. Pero el punto decisivo es qué no resolvió: la jueza no declaró legítimo ni ilegítimo el sistema biométrico. Consideró que no estaban reunidos los requisitos excepcionales del amparo —urgencia extrema, daño grave e irreparable e inexistencia de otras vías adecuadas— y que la cuestión requiere un debate y una producción de prueba más amplios. La discusión de fondo sobre biometría y geolocalización quedó, por tanto, abierta.
El caso aparece mientras el sistema se expande. Diario Río Negro informó el 30 de agosto que ya funciona para 220 agentes del hospital de San Antonio, fue instalado para otros 730 trabajadores en General Roca y está previsto que durante septiembre alcance a unos 300 agentes de la sede ministerial de Viedma. El contrato global informado por el Estado asciende a unos 1.226 millones de pesos y contempla terminales para 38 hospitales y 190 centros de salud y una plataforma para aproximadamente 7.200 trabajadores.
El Gobierno provincial sostiene que la titularidad y control de las bases biométricas permanece en manos de la Provincia y que la empresa privada Airata actúa solamente como encargada tecnológica. También argumenta que el uso de biometría no depende del consentimiento integral del trabajador porque deriva de las obligaciones funcionales de control de asistencia. Legisladores y trabajadores, en cambio, han planteado objeciones sobre consentimiento, protección de datos y condiciones de la contratación.
Hecho comprobado: Río Negro está desplegando obligatoriamente biometría facial para controlar asistencia de personal sanitario, y una trabajadora judicializó la medida.
Lo que no puede afirmarse: que el fallo haya validado jurídicamente el tratamiento biométrico. La Justicia rechazó esta vía procesal concreta y dejó expresamente sin resolver el fondo.
DESDE LA INTEMPERIE
Durante mucho tiempo, fichar significó una tarjeta.
Después llegó una contraseña.
Ahora alcanza con la cara.
El rostro dejó de ser solamente aquello con lo que uno entra a trabajar. También puede convertirse en credencial, registro horario y dato persistente.
La discusión parece administrativa: quién llegó, quién se fue, quién cumplió su turno.
Pero debajo hay otra pregunta.
Qué ocurre cuando para demostrar que estuvimos en un lugar debemos entregar algo que no podemos cambiar si alguna vez deja de pertenecernos del todo.
Una contraseña se reemplaza.
Una tarjeta se anula.
El rostro no.
La tecnología promete certeza. El Estado promete custodia. La empresa promete seguridad.
Y el trabajador queda en el medio, preguntando si puede decir que no.
Todavía la Justicia no respondió esa pregunta.
Sólo dijo que habrá que hacerla por otra puerta.
POR QUÉ NOS IMPORTA
Esta Señal desplaza el problema de la vigilancia biométrica hacia una zona especialmente sensible: la relación laboral con el Estado. Ya no se trata únicamente de cámaras que observan a quienes circulan por una ciudad, sino de convertir características corporales en condición práctica para acreditar una obligación de trabajo.
También aparece una tensión central para La Intemperie: la transformación de la identidad en infraestructura administrativa. La pregunta no es solamente si la tecnología funciona, sino quién conserva los datos, qué margen real tiene una persona para negarse y qué sucede cuando un atributo corporal deja de ser identificación y empieza a ser llave de acceso a derechos, salario o permanencia laboral.
FUENTES DE CONTRASTE
- Fuente primaria judicial: Poder Judicial de Río Negro, 1/09/2026
- Investigación y contexto sobre despliegue, contratación y respuestas oficiales: Diario Río Negro, 30/08/2026
Título original:
Cuestionó el uso obligatorio de datos biométricos y geolocalización para registrar la asistencia laboral: el amparo no es la vía
Fuente:
Comunicación Judicial — Poder Judicial de Río Negro
– Publicado el 01-09-2026


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